Miércoles 08 de abril de 2015 – 09:00 PM
Tegucigalpa, Honduras - A solicitud de varios
diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), el Congreso Nacional,
suspendió la discusión y aprobación en último debate de la Ley de Protección a
Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia, a pesar que distintos sectores del país han urgido al
Poder Legislativo su aprobación, por lo que se extenderán las sesiones hasta el
próximo viernes.
No obstante, el Congreso Nacional aprobó este
miércoles los primeros artículos del decreto que contiene la Ley de Protección
para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia, para lo cual se sustituyó el dictamen original por uno
nuevo ampliamente socializado y consensuado donde las organizaciones de
sociedad civil y gremiales han tenido un papel sumamente participativo.
A petición del diputado de Libertad y Refundación
(Libre) Rasel Tomé, al dictamen se le dispensaron dos debates por lo que se
inició su aprobación en tercer y último debate.
El presidente de la comisión ordinaria de derechos
humanos, diputado liberal Yuri Sabas, presentó una moción que fue aprobada por
unanimidad para sustituir el dictamen original por uno nuevo ya que el primer
proyecto se tenían que modificar 53 artículos se tornaba muy tedioso ir
cambiando artículo por artículo.
Tras explicar que el dictamen fue ampliamente
socializado con todos los sectores, Sabas destacó que es un tema que no se debe
politizar por ni por la derecha ni por la izquierda por lo tanto el factor
ideológico en esta ley no cabe.
La implementación de esta ley estará fundamentada en
la Constitución de la República y la normativa internacional de los derechos
humanos, en aplicación de los principios de buena fe, eficacia, idoneidad,
coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad,
prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad,
igualdad y respeto.
En el estamento, se establece que toda autoridad
civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma
expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas
instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus
fines.
En el decreto se crea el Consejo Nacional de
Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El consejo estará integrado por una persona
representante propietaria y su suplente de las secretarías de Seguridad;
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones
Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público;
Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de
Honduras; Colegio de Periodistas de Honduras, cinco representantes de las
organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.
Asimismo, se crean nuevas medidas de prevención,
protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad,
libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia
de la promoción y defensa de los derechos humanos.
Se crea también la Dirección General de Mecanismos
de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, que recibirá las denuncias de
riesgo que se promuevan directamente ante la Dirección General de Mecanismos de
Protección y Análisis de Conflictos Sociales de la Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y tramitarla de conformidad
con esta ley.
Las personas beneficiarias en la ley que se
consideren víctimas de una situación de riesgo podrán denunciarlo ante
cualquier autoridad competente. Dicha autoridad podrá diferir el caso ante la
Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización para que resuelvan lo pertinente.
Sobre el tema presupuestario, el diputado Yuri
Sabas, explicó que en el Presupuesto General de la República de 2015, se asignó
una partida a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización a fin de hacer funcional la ley.
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