Domingo
14 de marzo de 2015 – 09:00 AM
El
Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, Roberto Herrera Cáceres,
declaró hoy que no hay un derecho
a la holgazanería, menos en los centros penales, donde se trata de rehabilitar
a las personas y hacerlas productivos.
El
ombudsman hondureño es del criterio que todo mundo debe trabajar y que no hay
un derecho a la holgazanería.
Menos, dijo el defensor del pueblo, en esos lugares
donde se trata de sacar a las personas rehabilitadas y reinsertarlas a la
sociedad como seres productivos, que no lo fueron en el momento en que
delinquieron.
Agregó
que cuando se habla que los internos realicen una labor es en el sentido de
prestar sus servicios para efectuar trabajos y no pasar únicamente el tiempo
sin prestar una utilidad para la sociedad.
Recordó
que una de las iniciativas, planteadas hasta ahora, es crear centros para su rehabilitación, abrir granjas avícolas y de
otra naturaleza para que aprendan a trabajar y apliquen sus conocimientos.
En
su criterio, al igual que ocurre en otros países, también es necesario la
prestación de servicios públicos a los cuales ellos podrían contribuir.
Explicó
que la prestación de un servicio público es también reconocida por la misma sociedad, ya que el
privado de libertad está sufriendo una
sanción por haber infringido derechos de la misma comunidad.
En
ese sentido, al privado de libertad se le acerca más a su propia comunidad, a
su propia familia y a su propia sociedad y vuelve el trabajo más productivo,
expresó.
No
obstante, señaló que la ausencia de
trabajo da lugar a estar en la misma situación viciosa de la cual se quiere
sacar a la persona.
Consultado
si se les debe poner a “picar piedra” como lo declaró el Presidente Juan
Orlando Hernández, el defensor de los derechos humanos considera que el mensaje
es que ellos tienen que hacer trabajos dentro de los centros penitenciarios
para estar ocupados.
Reiteró
que si se abren granjas avícolas o de cualquier otra índole, el objetivo es que
los privados de libertad puedan estar allí no solo como alumnos pasivos si no
que también participando en las labores.
Añadió
que de ser necesario ellos también puedan hacer obras públicas conforme a las
sentencias que tienen pero siempre recibiendo
el trato humanitario que les corresponde.
Exige
investigar la introducción de armas y drogas
El
defensor de los derechos humanos exhortó a las autoridades encargadas de la
seguridad en el país y al Ministerio Público investigar la introducción de
armas y drogas a los centros penales.
Indicó
que son delitos conocidos por las autoridades y
la misma sociedad pero que, hasta ahora, no han sido sancionados ni
controlados adecuadamente.
Esperamos
que el Ministerio Público pueda tomar las acciones necesarias para verificar,
de una vez por todas, el por qué en los
centros penitenciarios se facilita tanto el
ingreso de armas y drogas.
Cuestionó
que la impunidad se suma a la ingobernabilidad
existente en el interior de los centros penales, situación que los convierte en una “bomba con
mecha corta”·
El
CONADEH ha señalado, con insistencia, las graves violaciones colectivas y
sistemáticas que se cometen y que persisten en los centros penales como el retardo en la aplicación de justicia,
hacinamiento, inseguridad interna provocada por los incendios y las riñas entre
los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y muertes.
A
lo anterior se suma la carencia de los medios de rehabilitación, introducción
de armas, drogas y licores, fugas, un régimen disciplinario en manos de algunos
internos y el desentendimiento del
Estado sobre su responsabilidad con los privados de libertad.
Entre
el 2011 y el 2014, los centros de privados de libertad fueron el escenario de
diferentes hechos que dejaron como saldo alrededor de 470 muertos y más de un
centenar de heridos.
En
los diferentes operativos realizados por las autoridades en las celdas es común
que encuentren armas de todo calibre,
granadas de fragmentación, machetes, bebidas alcohólicas, teléfonos celulares, y
diferentes tipos de droga.
