Martes
10 de marzo de 2015 – 04:00 PM
Tegucigalpa,
Honduras - El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) considera
que la gobernabilidad de los centros penales debe estar en manos de las
autoridades y no de los privados de
libertad.
Roberto
Herrera Cáceres, Comisionado de los Derechos Humanos, lamentó los hechos violentos registrados en
la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” que dejo como saldo varias personas golpeadas.
Recordó,
que lo esencial, es que el Estado tiene
la responsabilidad de velar por la buena gestión de los establecimientos
penitenciarios y por la administración
interna de los mismos.
Señaló
lo importante que es respetar los
derechos humanos tanto de las personas
privadas de libertad como de los
encargados de la seguridad en las prisiones.
En
su criterio, se deben respetar tanto las
competencias del Estado en materia de
administración del propio centro así como de las mismas personas que
custodian los centros para salvaguardar su vida y su integridad.
Conadeh
confirma que hubo varias personas golpeadas
Miembros
del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos constataron que hubo varias personas
golpeadas, e incluso uno fracturado.
Al
parecer, todo comenzó porque sacaron a los coordinadores de los módulos para
trasladarlos al primer y al segundo batallón y otros al modulo de
máxima seguridad.
Ese
extremo molestó a los privados de libertad y empezaron a lanzar piedras, por lo que los miembros de
la policía Militar tuvieron que responder con sus toletes.
Según
las autoridades de la Penitenciaría Nacional, como resultado del problema hubo
dos heridos de bala, uno por esquirlas y
otros 5 heridos.
El
defensor del pueblo reconoció que los privados de libertad tienen derechos
humanos porque son personas y toda persona tiene una dignidad.
No
obstante, explicó que en la medida en que los privados de libertad incumplen
sus obligaciones con la sociedad y
actúan por caminos incorrectos, es lo que hace que ellos tengan que
afrontar las responsabilidades que
tienen ante a la sociedad.
Consultado
si es ilegal que de un centro penal se trasladen los privados de libertad a
los batallones, el ombudsman hondureño respondió que cuando son medidas de carácter especial y extraordinarios, se toman para prever
mayores daños para la sociedad que los
que se producen.
“En
la situación actual, hay una autorización para que eso se realice sin vulnerar
los derechos humanos”, precisó.
Declaró
que a los defensores del pueblo lo que les corresponde es velar porque los
trasladados sigan siendo tratados
dignamente en los lugares donde se encuentran.