Miércoles
22 de octubre de 2014 – 09:30 PM
Tegucigalpa,
Honduras - En sesión a puerta cerrada y casi con el apoyo unánime de todos los
diputados, el Congreso Nacional aprobó la noche de este miércoles, una reforma
al Código Penal mediante la cual se incrementan fuertemente las penas de
reclusión en los delitos que se cometen contra jueces, fiscales, es decir los
operadores de justicia en su totalidad, así como los titulares de los tres
poderes del Estado, los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al
igual que sus familiares y también a propuesta de un legislador se incluye a
los diputados, testigos protegidos y el director de la Oficina Administradora
de Bienes Incautados (OABI).
En
conferencia de prensa, el secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez,
aseveró que esta aprobación marca un mensaje fuerte y contundente de que el
Poder Legislativo va a estar unido en los temas de seguridad y en la lucha
frontal contra la delincuencia.
Entretanto,
el presidente de la comisión de seguridad, José Tomás Zambrano, detalló que se
reformó el artículo 116 del Código Penal que se refiere al homicidio simple que
incluye penas de 15 a 20 años de reclusión para el ciudadano.
Asimismo,
el artículo 222 que establece el delito de extorsión y cuya pena oscila entre
15 y 20 años y si se comete contra un policía, un fiscal, un magistrado, un
juez, contra el ministro de Defensa, ministro de Seguridad o todos los que
integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, igualmente contra los
diputados del Congreso Nacional a quienes se les amenace con que se les va
quitar la vida para que no tomen determinada decisión, se le va a aumentar un
tercio a esa pena.
Igualmente,
se aprobó una reforma al artículo 322 del Código Penal que se refiere al delito
de magnicidio cuando se de muerte al presidente de la República, los titulares
de los demás poderes del Estado y a quienes integran el Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad conformado por siete instituciones con sus representantes
más las personas que acuden de manera permanente.
En
ese sentido, la pena para quien cometa ese delito la pena será de 40 años de
reclusión hasta la privación de la libertad de por vida.
Igualmente,
se reformó el artículo 324 donde se establece y se explica de mejor manera en
que consiste el delito de conspiración y el de proposición que tenía una pena
de uno a dos años y ahora se ha aumentado de 40 años de cárcel a privación de
por vida de la libertad a quien esté conspirando o proponiendo causar la muerte
a los titulares de los poderes del Estado, contra algún miembro del Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad y contra operadores de justicia en cuyo caso se
les estaría rebajando en un tercio de las penas aplicables de manera abstracta.
Asimismo,
se reformó por adición el artículo 117 A del Código Penal donde se
establece el delito de homicidio y asesinato contra fiscales, jueces, policías,
diputados, director de la OABI y testigos protegidos en cuyo caso la pena va de
30 años a privación de libertad de por vida.
Mientras
tanto, en el artículo 201 se amplían las penas en un tercio a quienes quieran
secuestrar a alguno de esos funcionarios.
Con
estas reformas se manda un mensaje claro que el Congreso Nacional está
trabajando para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño tomando
las decisiones, apuntó Zambrano.
De
su lado, el presidente de la comisión de dictamen, David Chávez, destacó que en
las reformas algunas penas son leves, otras moderadas y otras grandes, pero
atentar contra la vida contra un buen juez, un buen fiscal o un buen policía
que por sus funciones de querer combatir la criminalidad, no se trata de un
delito leve sino que debe ser calificado como un delito grave y en ese sentido,
la pena debe llevar un agravante que representa la prisión de por vida.
Por
su parte, el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Luis Redondo, indicó
que con la reforma donde se incluyó también al director de la OABI y los
testigos protegidos, la ciudadanía puede tener la confianza que en el Congreso
se va a proteger a todos los aplicadores de la ley, a quienes persiguen a los
delincuentes y sobretodo que el pueblo puede tener la certeza que en la Cámara
Legislativa que los diputados van a estar trabajando en producir leyes que
permitan la seguridad de toda la sociedad.
