Martes
21 de octubre de 2014 – 01:40 PM
Tegucigalpa,
Honduras - El Congreso Nacional que encabeza el presidente, Mauricio Oliva,
analiza la propuesta enviada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad,
que busca aplicar penas más severas a quienes atenten contra la vida e
integridad de operadores de justicia o titulares de los poderes del Estado.
En
ese sentido, el Congreso Nacional está a la espera de la opinión que emita la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no es vinculante, para debatir y aprobar
las reformas al Código Penal vigente con las que se busca castigar los delitos
de conspiración, propuesta, atentado o quien conspire o proponga hacerlo contra
un operador de justicia ampliar el castigo actual de 30 años de reclusión a
cadena perpetua.
Es
por esa razón que el Poder Ejecutivo ha pedido celeridad en la aprobación de
esas reformas, pues existen indicios claros y racionales que sectores afectados
por las recientes acciones del Estado para combatir el crimen organizado, están
planeando atentados contra las altas autoridades del país.
El
presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reiteró que en
el Congreso Nacional hay toda la disponibilidad de aprobar las reformas al
Código Penal, incluso con penas que llegan hasta cadena perpetua contra quienes
atenten contra operadores de justicia o contra miembros del Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad, pero se está a la espera de la opinión de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ).
Según
la propuesta del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se busca reformar las
penas, para el caso por el delito de conspiración que sólo se
castiga de tres a seis años de prisión actualmente, a un mínimo de 20 a 22 años
de cárcel, en relación a un complot contra cualquiera de los operadores de
justicia.
Por
la comisión de un atentado, la pena que actualmente es de 30 años, se pide
elevarla a cadena perpetua. En la actualidad, sólo abarca al presidente de la
República y la propuesta pide que la misma se extienda a todos los operadores
de justicia.
Otra
corrección que se propone, es en cuanto al delito de conspiración o atentado
contra un operador de justicia que no está contemplado en el Código Penal y
para lo cual se pide una pena mínima de ocho a 12 años de reclusión.
Actualmente,
el delito de conspiración está penado sólo contra el presidente de la
República, pero con la reforma, el solo hecho de conspirar o proponer hacerlo
contra un miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad también será
penado.
Teniendo
en cuenta el grado de exposición de los familiares, que muchas veces es aún
mayor, ya sea juez, fiscal, policía militar, policía nacional, miembro de las
Fuerzas Armadas, Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado u otro
operador de justicia y seguridad se incluirá la protección legislativa a los
miembros del núcleo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y
afinidad.
La
justificación de la propuesta del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
señala que las penas actuales contra quienes atenten contra la vida de los
operadores de justicia son las mismas que cuando se trata de un delito cometido
contra cualquier ciudadano, sin ninguna responsabilidad de toma de decisiones
para mejorar la seguridad ciudadana.
Agrega
que ante la actual situación de riesgo, a causa de la fuerte embestida contra
la delincuencia, extorsión y el crimen organizado, es necesario agravar más la
pena contra quien, con solo el hecho de atentar contra la vida e integridad de
un juez, fiscal, policía militar o un miembro del Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad, serán acusados por los delitos de conspiración y de proposición para
atentar contra operadores de justicia y altos dignatarios del Estado.