Viernes
31 de octubre de 2014 – 06:20 PM
La
jueza argentina María Servini de Cubría ordenó la captura internacional de 20
imputados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura
(1939-1975) y la guerra civil españolas (1936-1939), informó este viernes una
fuente judicial en Buenos Aires.
La
magistrada solicitó a Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines
de extradición para tomarles declaración indagatoria, según la resolución
divulgada por el Centro de Información Judicial que depende de la Corte
Suprema.
En
una resolución de unas 300 páginas, la magistrada justificó su decisión en que
"los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que en uno u
otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están
sujetos a precesución a través de la aplicación del principio de jurisdicción
universal".
La
orden es el resultado de una investigación que llevó a Cubría a escuchar
testimonios en España de víctimas del franquismo en el País Vasco, Andalucía y
Madrid.
Las
asociaciones de víctimas acudieron a los tribunales argentinos por las
dificultades para llevar el caso ante la justicia española en razón de una ley
de Amnistía de 1977.
Servini
de Cubría consideró que podía actuar en virtud del principio de justicia universal,
luego de que el entonces juez español Baltasar Garzón, que llevaba el caso en
los estrados españoles, fuera inhabilitado.
La
jueza sostiene que la Constitución y tratados internacionales ratificados por
Argentina respaldan su injerencia en el caso.
La
magistrada ya había pedido en 2013 la extradición de dos expolicías franquistas
acusados de presuntas torturas, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 75
años, y el exinspector de la brigada político-social Juan Antonio González
Pacheco, de 67 años, más conocido como "Billy el Niño".
En
esos casos la justicia española denegó el pedido bajo el argumento que los
crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además
prescribieron hace años.
A
finales de 2013 un grupo de querellantes viajó a Argentina para testificar ante
Servini, quien pidió la apertura de los consultados argentinos en todo el mundo
para facilitar la recepción de denuncias.
Las
asociaciones de víctimas calculan que se produjeron más de 110.000
desapariciones forzosas y hasta 300.000 bebés robados durante el pediodo
investigado.
