Martes 14 de octubre de 2014 – 01:20 PM
Un jefe del cártel mexicano Guerreros Unidos,
vinculado a la desaparición de 43 estudiantes, murió en un operativo policial
la madrugada del martes, mientras las autoridades de la región de Guerrero
(sur) se preparan para nuevas protestas de los enfurecidos compañeros de los
jóvenes.
En un operativo de inteligencia en la región de
Morelos, vecina de Guerrero, policías federales ubicaron al narcotraficante
Benjamín Mondragón, alias 'El Benjamón'. Al verse rodeado, Mondragón
"prefirió suicidarse (antes) que entregarse", dijo a la AFP una fuente
de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Sin embargo, la fuente señaló que
las circunstancias de la muerte de quien se considera la "cabeza" de
los Guerreros Unidos deberán ser confirmadas por la fiscalía general.
El operativo tuvo lugar en Jiutepec (200.000
habitantes), una localidad vecina de la turística Cuernavaca situada 90 km al
sur de Ciudad de México.
El vocero de la CNS no determinó si el jefe de los
Guerreros Unidos está directamente involucrado en las desapariciones de los 43
estudiantes, la mayoría de entre 18 y 21 años. El paradero de estos jóvenes se
desconoce desde que la noche del 26 de septiembre fueron víctimas de ataques
conjuntos de sicarios de los Guerreros Unidos y policías locales en Iguala
(Guerrero), que dejaron seis muertos.
El golpe a los Guerreros Unidos se produce un día
después de que se recrudecieran las protestas en Guerrero para exigir que se
encuentren con vida a estos estudiantes de la escuela rural de Magisterio de la
comunidad de Ayotzinapa y para que renuncie el gobernador regional, Ángel
Aguirre.
Las manifestaciones, por primera vez, derivaron en
actos de violencia. Centenares de compañeros de los estudiantes y maestros se
enfrentaron con la policía, incendiaron parte del complejo de edificios del
gobierno de Guerrero y tomaron violentamente la alcaldía de la capital
regional, Chilpancingo.
- "Radicalización" de las protestas -
Detrás de estos disturbios "hay un trasfondo
político (...) se pretende que se dé una provocación que genere más situaciones
complicadas y desestabilizadoras para nuestra entidad", se defendió el
martes el gobernador Aguirre, acusado de no actuar ante la grave violencia e
infiltración de la criminalidad que se vive en Guerrero.
Este martes se reforzó el despliegue de policías
antimotines en Chilpancingo, a 280 km de Ciudad de México, especialmente en la
sede del Parlamento regional, que amaneció cerrado.
Dirigentes del combativo sindicato de maestros de
Guerrero adelantaron que piensan "radicalizar" sus acciones.
A las manifestaciones en Guerrero prevén unirse
centenares de alumnos de escuelas rurales de la vecina región de Michoacán
(oeste), que arribaron en 35 autobuses comerciales de los que se apoderaron, un
método al que recurren habitualmente los estudiantes. "Vamos en apoyo de
nuestros compañeros y familiares de los desaparecidos", dijo a la AFP un
alumno de una escuela indígena de Cherán (Michoacán).
En la capital, una decena de facultades de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), ambas públicas, iniciaron el martes una huelga de 48 horas
en solidaridad con los compañeros de Guerrero.
La intensificación de las protestas llega cuando la
fiscalía general tiene previsto anunciar entre este martes y miércoles la
identificación de al menos uno de los 28 cadáveres incinerados que fueron
encontrados en fosas días después de las desapariciones.
Por confesiones de sicarios detenidos de los
Guerreros Unidos, las autoridades temen que entre los cuerpos haya estudiantes
pero sus familias se resisten a darlos por muertos y denuncian que siguen en
manos de policías de Iguala fugitivos.
Los Guerreros Unidos son un pequeño cártel que se
financia principalmente con el tráfico de marihuana y amapola a Estados Unidos,
sobretodo a Chicago (norte).
- En busca del alcalde y su esposa -
Por el caso que envuelve la desaparición de los
jóvenes, hay cerca de 40 detenidos -incluidos 26 policías locales- y se busca
al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su mujer y al secretario de Seguridad
Pública local, Felipe Flores, fugados días después de los hechos.
Abarca está acusado desde hace un año de otro
homicidio y, según el gobernador Aguirre, también de delincuencia organizada,
mientras su esposa, María de los Ángeles Pineda, tiene varios hermanos
narcotraficantes.
Aguirre reconoció las sospechas de que Pineda ordenó
actuar contra los estudiantes por temor a que fueran a arruinar un discurso que
tenía previsto dar ese día como directora local de un organismo oficial de
protección a los niños.
Pineda había expresado su deseo de relevar a su
esposo en la alcaldía de Iguala, según el gobernador.
Los estudiantes fueron baleados cuando, después de
pedir dinero en Iguala, se apoderaron de varios autobuses para regresar a la
cercana Ayotzinapa.
La desaparición de los estudiantes, un ejemplo
brutal de la infiltración del crimen organizado en autoridades mexicanas, ha
conmocionado al país y generado reclamos de organismos internacionales como la
ONU.
AFP