Sábado
13 de septiembre de 2014 -11:30 AM
Los
defensores de los derechos humanos de Centro América exhortaron a los gobiernos
de la región a que adopten medidas urgentes y de impacto duradero para
garantizar la seguridad alimentaria de la población más necesitada.
A través de una
declaratoria firmada en Tegucigalpa, los ombudsman, David
Morales de El Salvador, Omar Lacayo de Nicaragua, Roberto Herrera
Cáceres de Honduras y Claudia López de Guatemala, recomiendan mejorar los
métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.
Todo ello, de acuerdo a los defensores del pueblo, mediante la plena
utilización de conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de
principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios
de de modo que se logren la explotación
y la utilización más eficaz de las riquezas naturales.
“Recomendamos,
que en el cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos humanos, los
Estados Centroamericanos adopten medidas inmediatas, urgentes y de impacto
duradero asociadas a las condiciones de vida de la población, incluyendo la
seguridad alimentaria de los sectores más necesitados” reza el texto del
documento.
Los
ombudsman son del criterio que en la mayoría de los países centroamericanos, el
acceso a los alimentos es cada vez más crítico por los altos precios y la
escasez.
A
lo anterior añaden otras dificultades que impiden el goce de la seguridad
alimentaria como las consecuencias del
cambio climático, la ausencia de políticas preventivas eficaces, el desempleo y
los bajos salarios, entre otros
factores.
“Constatamos
que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua somos parte del corredor seco
centroamericano afectado por la sequía con importantes pérdidas agrícolas y
pecuarias que inciden sustancialmente en la vida y salud de nuestras
comunidades locales y en la seguridad alimentaria de nuestros pueblos”,
establece la declaratoria.
En
ese sentido, recomiendan a los gobiernos de la región implementar políticas
y medidas económicas que garanticen el
acceso a una alimentación adecuada de forma permanente para asegurar un estado
de bienestar y desarrollo sostenible.
Los
defensores de los derechos humanos consideran que la recurrencia y gravedad
creciente del cambio climático y su impacto sobre las condiciones de vida,
obliga a los Estados a ejecutar planes de acción para atender la situación
urgente de carestía de alimentos y recuperar la capacidad de producción.
Así
mismo, recomiendan adoptar medidas de riesgo y adaptación del cambio climático
a partir de la Estrategia Regional de Cambio Climático y del Plan Ambiental de
la Región Centroamericana.
En
la declaratoria piden a los gobiernos de los países miembros del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) que realicen una cumbre que examine la
crisis alimentaria y el riesgo agro-climático.
Además,
que se adopten lineamientos de acción local y regional a corto, mediano y largo
plazo para lograr soluciones efectivas que cumplan con los derechos humanos a
la vida, salud y desarrollo y que contribuyan también a la adaptación y
mitigación del cambio climático.
Finalmente,
exhortan a los países que no cuentan con la legislación correspondiente, que
sus congresos o asambleas legislativas promuevan la aprobación de normas
constitucionales y legales para la protección efectiva del derecho al agua y a
una alimentación adecuada.
Alrededor
de 180,000 familias afectadas en Honduras
Diagnósticos
preliminares hechos en Honduras establecen
que en este país centroamericano
las perdidas de cosechas en la parte alta está entre el 20% y el 25%, en
la parte media del 50% y en la parte alta hasta del 90%, que es donde se
concentra la mayor parte de la producción de alimentos
Según
estimaciones, en junio, Honduras contaba con 76,000 familias afectadas por la
sequia, cifra que a la fecha ascendió alrededor de 180,000 que necesitan de asistencia
alimentaria.
Actualmente
las autoridades hondureñas le dan cobertura asistencial a 112 municipios con
raciones alimenticias de 23 libras que incluyen entre otros productos maíz,
arroz, frijol negro, azúcar y harina, con un precio aproximado de entre 300 y
400 lempiras.
Sin
embargo, a los 112 municipios afectados se suman otros 55 que requieren de apoyo para hacerle frente
a este problema que afecta el derecho a la seguridad alimentaria de los
hondureños.
De
lo anterior se desprende que el 56% de los municipios de Honduras están
afectados por los efectos de la sequia.
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