Viernes 05
de septiembre de 2014 - 12:00 PM
Tegucigalpa, Honduras - El
Congreso Nacional, por mayoría, declaró este jueves improcedente y sin
fundamento la solicitud presentada por el partido Libertad y Refundación
(Libre), para someter a juicio político al Fiscal General Adjunto, Rigoberto
Cuellar. Al final de la votación, 78 diputados se pronunciaron en contra de
admitir la denuncia, 43 a favor de que se admitiera y siete se abstuvieron.
Tras una
discusión que duró unas tres horas, la junta directiva del Congreso Nacional,
dio el trámite correspondiente a una denuncia presentada el pasado martes ante
la secretaría por el diputado de Libre por Cortés, José Edgardo Castro.
Fue el
propio presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien abrió la
discusión de la denuncia formulada por Castro en contra del Fiscal General
Adjunto, Rigoberto Cuellar y explicó que el procedimiento indica que el
secretario de la Cámara Legislativa, Mario Pérez, debe leer la denuncia.
En ese
sentido, Pérez explicó que la secretaría tiene cinco días para introducir la
denuncia al pleno para que se discuta la misma y al final el pleno vote si se
admite o no la misma para lo cual se necesita de mayoría calificada de 86 votos
afirmativos.
Argumentos
del escrito
En el
escrito se esgrime que se presenta denuncia grave en el desempeño de sus
funciones del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, por actuaciones
contrarias a la Constitución y el interés nacional.
Entre los
argumentos para solicitar el juicio político en contra de Cuellar, se señala
que Cuellar fue denunciado en forma pública por la entonces directora de
Fiscales Danelia Ferrera por licencias otorgadas a camaroneras del sur, venta
de transformadores propiedad de la ENEE, ampliación de permisos a Gas del
Caribe y Electricidad de Cortés, otorgamiento de varias licencias ambientales
en el sector minero, pretensión de reformas para despojar a los lencas de sus
tierras donde hay proyectos hidroeléctricos, manipulación del contrato de
concesionamiento para la explotación petrolera.
Añade que
se desconoce cuál es el estado y situación de esas denuncias que habiendo
siendo interpuestas por las personas que se sienten afectadas, deben ser
investigadas igual que todos los hechos que se denuncian, establece el escrito
presentado por el diputado Castro.
Asimismo,
denuncian que el bufete del cual es socia su esposa Sonia Inés Gálvez, la
abogada Aída Celeste Cerrato Chinchilla y el abogado Jair López, se identifica
con su apellido Cuellar.
Argumenta
que Cerrato Chinchilla se desempeñó como asesora en la Secretaría de Recursos y
Ambiente (Serna) durante el período que el ahora Fiscal General Adjunto fue
ministro y es cuñada del que era viceministro, Roberto Cardona y en febrero de
2013 dio fe de la audiencia pública para la adjudicación del contrato para la
terminal especializada de contenedores y carga general de Puerto Cortés a
requerimiento del comisionado del entonces comisionado de Coalianza José
Antonio Pineda Cano, a quien el bufete Cuellar representa en un procedimiento
penal que se le sigue.
También
se esgrimen otros cuestionamientos contra Cuellar como la inasistencia de
peritos y técnicos de Medicina Forense a juicios orales y públicos programados
bajo argumento de no existir vehículos disponibles para su desplazamiento,
también la suscripción de un contrato de arrendamiento por un edificio ubicado
en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula por cinco millones 760 mil
lempiras durante dos años.
Asimismo,
se relaciona al bufete de Cuellar con la construcción de Ciudad del Ángel y se
le acusa de nombrar a la señora Irina Pineda con un sueldo de 45 mil lempiras
en el cargo de jefa de cooperación externa en perjuicio de la funcionaria a
quien le correspondía la plaza por razones de carrera, por nombrar al hermano
del funcionario como fiscal de nombre Leonardo Cuellar, así como la
contratación de agentes de seguridad por encima de lo que paga el Ministerio
Público, entre otros.
Ante esos
señalamientos y otros más, varios diputados intervinieron en la sesión de este
jueves para manifestar su posición en cuanto a la petición de entablar un
juicio político
Luego de
conocer la extensa denuncia se comenzó el debate ante la presencia de
estudiantes de la carrera de derecho del Centro Universitario Tecnológico
(Ceutec), donde los diputados de todas las bancadas se expresaron ampliamente
en un debate histórico que pudo ser visto por millones de hondureños a través
del canal 20 del Congreso Nacional.
Petición
es incorrecta y no tiene fundamento
Un
momento estelar en la votación fue la intervención del veterano diputado y
abogado constitucionalista, Oswaldo Ramos Soto, quien ofreció una cátedra sobre
la historia del juicio político, especialmente el proceso que se sigue en
países como Estados Unidos.
Ramos
Sotos recordó que en 2009 había imputaciones contra el ahora ex presidente y
jefe de bancada del partido Libre, Manuel Zelaya y miembros de su gobierno y
después de la toma de posesión del ex mandatario Porfirio Lobo, éste se dirigió
del Estadio Nacional a la embajada de Brasil, para acompañarlo junto a su
esposa Xiomara Castro, a la base aérea Hernán Acosta Mejía y los fue a dejar a
la nave del ex presidente dominicano Leonel Fernández para que salieran
decentemente a calzar las sandalias del peregrino.
Agregó
que en el mismo Congreso Nacional se tomó la decisión de otorgarle una amnistía
y aunque hubo algunas protestas y otros a favor, “estamos hablando de hechos y
realidades, hechos y no palabras”.
Indicó
que ahora hay un juicio criminal contra algunos ex funcionarios del gobierno de
Zelaya y de repente se dice que porqué el presidente que era la cabeza del
Estado está amnistiado y los otros tienen que responder ante los tribunales.
“Quiero
dejar establecido que palmariamente, el juicio político se debe hacer en el
Congreso, sólo los juicios criminales, civiles y penales, los hacen los órganos
jurisdiccionales, incluso cuando se juzga a un alto funcionario hay un
principio de que los pares deben juzgar a los pares y quien juzga es la Corte
Suprema de Justicia no el órgano jurisdiccional común y corriente”, refirió.
Refirió
que el diputado Castro siguiendo lo que establece el artículo 234
constitucional y la ley especial del juicio político, ha presentado una
denuncia y “yo quiero subrayar y destacar porque si bien este es un Congreso,
el juicio político es algo que debe ser equitativo”.
Explicó
que el referido artículo 234 de la Carta Magna y la ley especial del juicio
político, establece que procede esa figura contra el mal desempeño en el
ejercicio de sus funciones y la persona contra quien se dirige el escrito, es
el Fiscal General Adjunto.
“Estoy
viendo aquí en el numeral uno que dice licencias otorgadas a camaroneras del
sur; la Fiscalía del Estado no otorga licencias; venta de transformadores
propiedad de la ENEE, la Fiscalía del Estado no vende transformadores;
ampliación del permiso a Gas del Caribe y Electricidad de Cortés, la Fiscalía
del Estado, no hace este tipo de determinaciones”, cuestionó Ramos Soto, entre
muchos otros argumentos presentados por Castro.
En ese
sentido, recalcó que la tarea del Ministerio Público es la acción penal pública
y se está argumentando en la denuncia que también se está violentando la
libertad de prensa y él no cree que debe ser atribución del Fiscal General
Adjunto, tutelar la libertad de prensa y en ese sentido, a quien tiene que
acudir es al ombudsman, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para
proteger ese tipo de situaciones.
Añadió
que tiene conocimiento que de una acción entablada por la esposa del Fiscal
General Adjunto en un asunto que no debe ser interés del Congreso que no es un
tribunal de justicia sino el parlamento hondureño donde los diputados son
electos para crear, reformar, derogar e interpretar las leyes.
Por esa
razón, consideró que la solicitud de Castro es incorrecta por lo que propuso
que no se admita ese documento porque carece de fundamento pues ninguno de los
fundamentos le corresponde al Fiscal General Adjunto en el desempeño de sus
funciones.
Juicio
político contra Cuellar declarado improcedente
En
iguales términos se pronunció el diputado liberal y ex presidente del Congreso
Nacional, José Alfredo Saavedra, se refirió a lo que se conoce legalmente como
causa probable, que se orienta a establecer una causa probable para iniciar una
investigación y si la denuncia no venía acompañada de las pruebas necesarias
para que la Cámara Legislativo la admitiera, lo que procede es votar como lo
dicta la conciencia
Entretanto,
el diputado José Tomás Zambrano, recordó las reformas hechas en la legislatura
pasada para darle vida al juicio política aprobada por mayoría calificado y
mediante consensos, pero la ley especial establece el procedimiento y las tres
causales para someter a un alto funcionario del Estado a un juicio política de
las cuales el Fiscal General Adjunto no incurre en ninguna de ellas pues la
mayoría de las denuncias se refieren a su cargo como ministro de la Serna y
además no son denuncias graves.
De su
lado, el secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, quien encabezó la
comisión que elaboró la reforma constitucional y la ley especial del juicio
político, se preguntó a quién se va a juzgar la conducta, al ex ministro de
Serna o al Fiscal General Adjunto.
Añadió
que en la mayor parte de la denuncia se cuestionan los actos de Cuellar como
ministro de Serna, lo cual vuelve improcedente la denuncia y en segundo lugar,
hay que hacer una diferencia bien marcada entre lo que es grave y lo que no es
grave y la Constitución establece esos términos al tiempo que se preguntó que
si porque dos guardaespaldas del funcionario devengan 15 mil lempiras mensuales
es un hecho grave.
“Todo lo
que se ha expuesto, lo que se ha dicho y lo que contiene la denuncia, considero
que no existe y no hay los méritos suficientes para enjuiciar al Fiscal General
Adjunto”, puntualizó.
Enseguida
se procedió a la votación en la que 78 diputados votaron en contra de admitir
la denuncia, 43 a favor de que se admitiera y siete abstenciones.
El
presidente del Congreso Nacional cerró la sesión y convocó a una nueva reunión
el próximo martes 9 de septiembre a las 3:00 de la tarde.
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