Jueves 18 de septiembre de 2014 – 06:30 PM
Tegucigalpa, Honduras - La Fiscalía Especial
para la Defensa de la Constitución de Tegucigalpa presentó en las últimas
horas una Acción de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), en una de las causas instruidas en el caso
denominado “Seguro Social”.
El recurso se interpuso contra el fallo judicial que
dictó Auto de Formal Procesamiento por Abuso de Autoridad contra los miembros
de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Arturo
Bendaña Pinel, Carlos Montes Rodríguez, José Hilario Espinoza Herrera, José Humberto
Lara Enamorado, Leonardo Villeda Bermúdez, Luís Antonio Mayorga Gálvez y Odessa
del Carmen Henríquez, ya que a criterio del Ministerio Público el actuar de los
encausados se enmarca en el Delito Contra la Administración de Fondos
Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones.
En ese sentido, la Fiscalía solicita se modifique el
Auto de Formal Procesamiento del delito de Abuso de Autoridad al Delito Contra
la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones.
El Delito Contra la Administración de Fondos
Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones, contenido en el numeral 3 del
artículo 394-P, del Código Penal, tiene una pena de 6 a 12 años de reclusión.
Por otra parte, en la Acción de Amparo, la Fiscalía
pide se dicte a los siete encausados y a Ramón Berttety la medida cautelar de
Prisión Preventiva y se revoque la medida sustitutiva a ellos impuesta,
considerando la gravedad del delito y la naturaleza del daño a reparar, lo que
genera riesgo de fuga.
En este caso, se menciona a Ramón Berttety, ex
administrador financiero del IHSS, puesto que aunque contra él si se dictó Auto
de Formal Procesamiento por Abuso de Autoridad y por el Delito Contra la Administración
de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones, no se decretó la
medida cautelar de Prisión Preventiva, lo que inclusive es contradictorio a
otras causas instruidas contra él, en las que sí se le dictó la Prisión
Preventiva.
En razón de lo expuesto, la Fiscalía para la Defensa
de la Constitución solicitó a la Sala de Constitucional la Suspensión del Acto
Reclamado y la Tutela Judicial Efectiva.
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