Domingo 24
de agosto de 2014 -07:00 PM
Tegucigalpa, Honduras - El Congreso Nacional iniciará
esta semana la discusión en el pleno del anteproyecto de la nueva Ley Contra el
Delito de Lavado de Activos, con el objetivo primordial de combatir las
actividades del narcotráfico y en general del crimen organizado.
El lavado
de activos, busca ocultar o disimular, dinero o bienes producto de actividades
delictivas precedentes, ya sea delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de
personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de
vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes
financieros en las entidades públicas o privadas, secuestro, extorsión,
financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias, delitos
contra la administración pública (delitos fiscales, malversación de caudales
públicos etc.) y, cualquier otro que atente contra la libertad y seguridad, los
recursos naturales y el medio ambiente, que genere ganancias ilícitas.
Por
razones geográficas, económicas y sociales, Honduras es altamente vulnerable al
dinero proveniente de actividades delictivas; el país suele considerarse punto
de paso para el tráfico de drogas entre América del Sur y Norteamérica.
En la
actualidad Honduras sirve para que el crimen organizado, incluso en
carteles nacionales e internacionales, almacenen temporalmente la droga cuando
existe el riesgo del decomiso por el reforzamiento del control y vigilancia que
ejercen los cuerpos policiales.
Cuando
el peligro pasa, la droga sigue su camino, además existen fuertes indicios de
que en el país se estaría procesando alguna droga que posteriormente sería
consumida en otros mercados.
En un
inicio, la ruta terrestre era la más utilizada por los traficantes pero el
control que se desarrolla en estas fronteras centroamericanas hizo que
surgieran otras vías. Las rutas alternativas son la marítima y aérea y el
sector más preferido por los "narcos" es la Mosquitia ya que además
de las condiciones geográficas deseadas posee poca presencia policial.
Según un
informe realizado en 2012 por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento
e Incidencia, el 20 por ciento del dinero que mueve el crimen organizado en
Centroamérica es blanqueado en Honduras, de una cartera de 14 mil millones de
dólares, que el crimen organizado moviliza en toda el área de Centroamérica.
Ese mismo
año el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), del
Instituto de Basilea sobre Gobernanza, presentó un informe en el que a nivel
centroamericano, Honduras aparece como el segundo país más vulnerable al lavado
de dinero. El primer lugar es Costa Rica.
Conforme
a un informe de Global Financial Integrity (GFI, o Integridad
Financiera Mundial), organización no-gubernamental que trabaja en temas de
transparencia fiscal, cada año empresarios alrededor del mundo utilizan métodos
ilícitos para extraer fondos que deberían de quedar, y ser sujetos a impuestos,
en países en vías de desarrollo, dentro de los cuales Honduras sufre de un
nivel excepcional de flujo.
Cuando se
compara con su Producto Interno Bruto (PIB). En 2011, los flujos ilícitos
sumaron el equivalente al 20 por ciento de su PBI para ese año.
El GFI
recomienda que la comunidad internacional se coordine mejor para fortalecer
leyes contra el lavado de dinero, para compartir información sobre el pago
de impuestos, y de obligarles a las empresas multinacionales a reportar sus
ventas, ingresos percibidos e impuestos pagados en cada país donde
operan.
En 2013,
la criminalidad organizada propició uno de los mayores golpes en los esfuerzos
realizados por el país en su erradicación y castigo del delito de lavado de
dinero, el 18 de abril de ese año, fue asesinado el fiscal coordinador de la
Unidad Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público, Orlan Chávez
Desde la
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en Honduras se ha
recorrido un largo camino en la lucha contra el lavado de activos de la mano de
las recomendaciones internacionales.
En el
2008 se realizaron reformas sustanciales a la Ley Contra el Delito de Lavado de
Activos; en el 2010 se aprobó la Ley de Privación Definitiva del Dominio de
Bienes de Origen Ilícito, reformada ese mismo año mediante decreto 153-2010; en ese
año también se aprobó Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y por último
figura la creación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF) .
Sin
embargo, tal como consta en los informes relacionados, la legislación con que
ahora se cuenta no ha sido eficaz para frenar ese flagelo que consume la
sociedad hondureña, incluso la aprobación de una ley más eficiente para luchar
contra el delito de lavado de activos es un nuevo requerimiento al
Estado de Honduras por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional
(Gafi).
De las
cuarenta 40 recomendaciones que ha presentado ese organismo, para que el país
no aparezca en la lista gris que se publicará en los próximos meses, como país
no colaborador en la lucha contra el delito de lavado de activos, el más
reciente informe que “es preciso hacer modificaciones vitales a las leyes y
reglamentaciones para que Honduras cuente con un régimen de lucha contra el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo más eficaz”.
En ese
sentido, a inicios de 2014, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió
al Congreso Nacional, el anteproyecto de una nueva Ley de Lavado de Activos que
derogaría la ley vigente que fue aprobada en 2002.
El
anteproyecto se elaboró con la finalidad de contar con un sistema
normativo integral tanto para la prevención y represión de la comisión de los
distintos tipos penales que derivan en la legitimación de las ganancias
económicas.
Si bien
es cierto, tanto en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Ley Sobre
Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, la Ley Sobre el
Uso Indebido Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y Ley Contra
el Financiamiento del Terrorismo, se colige que esas medidas que se orientan a
investigar sancionar y erradicar el lavado de activos, tal como se expresa por
los autores de la iniciativa, el proyecto busca armonizar la legislación tanto
a nivel hondureño como en relación a los tratados internacionales para la
prevención y combate de los organizaciones delictivas.
El
proyecto fue sometido a una comisión especial de dictamen y el 29 de abril
pasado, se presentó el dictamen a discusión y votación, sin embargo, durante el
debate se ha considerado que el proyecto debe recibir una segunda revisión a
fin de verificar que no contenga vicios de constitucionalidad ni violente
tratados intencionales suscritos por Honduras.
Es por
ello que el Congreso Nacional considera necesario realizar una revisión general
del proyecto dictaminado, especialmente en aquellos puntos que pudiese existir
un límite muy estrecho en relación a los elementos del tipo penal de lavado de
activos y el proceso a seguir, especialmente en relación al respeto de derechos
y garantías establecidas en la Constitución y Tratados Internacionales de los
cuales Honduras forma parte.
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