Jueves 24 de julio de 2014 – 07:40 PM
Tegucigalpa, Honduras -
La Unidad de Privación de Dominio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen
Organizado (FESCCO) obtuvo una sentencia declarativa a favor del Estado de
Honduras, a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), sobre 54 hectáreas de terreno, ubicadas en la
aldea “San Pedro Arriba”, Catacamas, departamento de Olancho.
El 13 de agosto de
2009, agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN),
descubrieron en la propiedad registrada a nombre de Carlos Edilberto Mencia
Acosta (QDDG), una pista aérea clandestina, así como restos de una avioneta
bimotor color azul y blanco con rayas verdes y doradas, con matrícula
venezolana YV-2151, ocho botes plásticos
conteniendo combustible de avión y varios objetos de uso personal.
Según antecedentes el
entonces Titular de Derechos, presentó un contrato de arrendamiento de dicha propiedad que según él, había suscrito en
fecha 30 de abril de 2007, con el señor Felipe Cárdenas, con cinco años de
vigencia, hecho que quedó desvirtuado con la nota emitida por el Director de la
Penitenciaria de Comayagua, en la que establecía, que Cárdenas, se encontraba
recluido desde el 29 de septiembre de 2003, y que recobró su libertad hasta el
10 de junio de 2007.
Por otro lado y por
medio de una constancia extendida por la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC), se demostró que la pista ubicada en los predios de la propiedad en
mención, no estaba registrada en la publicación de Información de Aeronáutica
de Honduras y tampoco se realizó ninguna solicitud de construcción de un
aeródromo, ante el ente regulador.
La Unidad de Privación
de Dominio amparó su petición en el
artículo 11, numeral 4, de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de
Bienes de Origen Ilícito que expresa “cuando los bienes, productos,
instrumentos, ganancias, o negocios de que se trate hayas sido utilizados como
medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas o sean destinadas
a estas actividades ilícitas, o cuando correspondan al objeto del delito”.
De conformidad con el
contenido de esta causal sustentada constitucionalmente y relacionada
directamente con la actividad ilícita de tráfico de drogas que según
averiguaciones se llevó a
cabo en el inmueble, se
desprende la acción de la Fiscalía misma que finalmente ha favorecido los
intereses de la sociedad y del Estado de Honduras.
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