Por: Dr. H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
En mi condición de
defensor del pueblo hondureño, valoro la incuestionable importancia de la convocatoria
realizada por el Gobierno de Honduras a la Conferencia Internacional sobre
Migración, Niñez y Familia, a la cual asistieron distinguidas y distinguidos
representantes gubernamentales, no gubernamentales y cooperantes interesados en
concertar y realizar esfuerzos compartidos para precisar las causas y
consecuencias de la migración irregular y posibles soluciones integrales para
evitarlas o reducirlas sustancialmente.
Desde el mes de marzo
pasado con la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
hemos dado seguimiento más sistemático a la situación de los migrantes
hondureños, abriendo nuevas formas de comunicación con ellos y sus familias;
intercambiando información sobre su situación con instituciones como el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización
Internacional de Migraciones y la Cruz Roja Internacional; e iniciando el
diálogo con representantes de la seguridad fronteriza de los Estados Unidos de
América, así como con organizaciones norteamericanas de sociedad civil que
defienden los derechos de los migrantes.
En ocasión del segundo
encuentro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos Árabes, Americanas e
Ibéricas, en Tijuana, México, el 3 de junio recién pasado, nos correspondió
lanzar internacionalmente nuestra
preocupación por la situación particular de la niñez centroamericana migrante
no acompañada que, a esa fecha, era en número aproximado de 35.000 niñas y
niños salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, en su mayoría, quienes se encontraban
ya en el lado norteamericano de la frontera con México.
Hemos hecho recomendaciones al Gobierno de Honduras, realizado
inspecciones in situ en los aeropuertos hondureños y centros de atención de los
migrantes retornados así como en la frontera terrestre con Guatemala por donde
se recibe continuamente buses de migrantes devueltos en cantidades
significativas que, en el caso de la niñez, adquiere la connotación de
deportación o devolución masiva.
En fin, hemos promovido
nacionalmente el debate público sobre las causas, consecuencias y soluciones a
los problemas que nos plantea la migración forzada irregular de hondureños y
hondureñas (hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes), conscientes de la
realidad y legitimidad de sus aspiraciones, frustraciones, temores e
incertidumbres, después de haber constatado que, en casi todos los casos, ha
habido violación de la dignidad de esos seres humanos en su país de origen, en el país de tránsito y en el de destino.
Por ello, consideramos
que cualesquiera sean los hechos y circunstancias prevalecientes en los países
concernidos por esta situación de crisis humanitaria, el tema de migrantes
debería ser abordado desde la perspectiva de la seguridad humana que se centra
en la dignidad del ser humano, en el
mejoramiento de la calidad de vida y en el desarrollo pleno de las
potencialidades de las personas.
Así debería
consiguientemente examinarse y concertarse compromisos internacionales e
interinstitucionales de cooperación para resolver la problemática migratoria,
la reunificación familiar, la prevención razonable de la repetición cíclica de
la migración internacional forzada irregular y también de los desplazamientos
forzados internos identificando medios que, de manera concreta y verificable, hagan
factible promover el desarrollo humano local en los municipios en el ámbito
nacional, en forma tal que los habitantes tengan condiciones básicas de vida
digna y posibilidades de mejorarla progresivamente.
Se debería igualmente
afirmar esa seguridad democrática, mediante cooperación y alianzas que posibiliten
más recursos tecnológicos, de inteligencia, logísticos y de participación
social que permitan enfrentar decididamente y neutralizar amenazas como la
corrupción, impunidad, violencia, narcoactividad, trata de personas, y en
general, el crimen organizado nacional e internacional.
El Gobierno, la
sociedad civil y el sector privado de Honduras pueden contar con el apoyo de la
institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que recién, el 1
de julio, presentó al pueblo su Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad
Humana”, para el período 2014-2020, orientado a contribuir al desarrollo humano
local teniendo como centro el aseguramiento de las condiciones básicas de vida
digna de la niñez y las familias en los municipios y la apertura de
posibilidades de mejoramiento progresivo de esa calidad de vida.
En la Declaración
Conjunta “Por la Dignidad de la Niñez Centroamericana” que hemos emitido los
defensores de los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras (y a la cual se
ha adherido solidariamente el Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua) ya
hemos abordado lo que, a nuestro juicio, constituyen las causas, consecuencias
y soluciones integrales.
Hemos recomendado hacer
efectiva la responsabilidad compartida de los países concernidos de asegurar la
restitución de los derechos humanos vulnerados, tanto mediante la solución de
reintegración e inclusión social de los migrantes retornados, como la que
permita romper el ciclo o circulo de la migración forzada e irregular, por
medio de apoyo internacional sustantivo a la concertación nacional para
realizar el desarrollo local, comunitario o municipal en los países
centroamericanos de origen.
Esas recomendaciones
son pertinentes en la presente situación de crisis humanitaria que es una seria
advertencia del peligro de propagación de los efectos negativos de una
globalización que tienden a perjudicar el valor de la dignidad de cada ser
humano.
Por ello esta crisis y
emergencia humanitaria hace imprescindible responder, con entereza, conforme a
las exigencias del orden público internacional que consagra la vigencia y
carácter imperativo del respeto y de la obligación de cumplimiento, por los
Estados, de los derechos humanos de los migrantes, como derechos universales e
irrenunciables. En efecto, el contexto ético-jurídico y la conciencia de ser
miembros de la familia humana nos llama a hacer prevalecer, como imperativo
categórico, la dignidad de las personas, en todo el mundo.
En esa perspectiva, se
destaca la importancia del principio universalmente reconocido del interés
superior del niño y del respeto a su condición de persona titular de derechos
humanos que debe ser protegida nacional e internacionalmente, por todos los
Estados del universo, sin excepción alguna. Ello evidencia que toda acción de
países de destino y de tránsito orientada a la deportación masiva de niños y
niñas, se constituye en violación flagrante de los parámetros internacionales
básicos de respeto al Derechos Internacional de los Derechos Humanos y el
Derecho Humanitario.
Por todo lo que
antecede, recordamos a los Gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de sociedad civil incluyendo
al sector privado, la trascendencia de alcanzar los resultados esperados de
esta conferencia internacional, conscientes de que tal como lo proclaman la
Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración y Convención
Americana de Derechos Humanos: los derechos esenciales de las personas no nacen
del hecho de ser nacionales de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de su condición humana, razón por la cual justifican
una protección internacional, y que “solo puede realizarse el ideal del ser
humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales
, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. (Fin)
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