Jueves 24 de julio de 2014 – 05:30 PM
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,
Roberto Herrera Cáceres, exhortó hoy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México a investigar la denuncia en contra de las autoridades policiales
mexicanas responsabilizadas de
torturar al migrante hondureño Angel Amílcar Colón,
detenido en ese país desde el año 2009.
El ombudsman hondureño instó también a la Procuraduría General de la
República (PGR) de México a
investigar de manera inmediata el caso y
someter ante la justicia a los responsables de cometer graves violaciones a los
derechos humanos en perjuicio del migrante hondureño afrodescendiente.
Ángel Amílcar Colón, un
defensor de los derechos humanos del pueblo garífuna, habría salido de Honduras en enero del 2009 con destino a los
Estados Unidos en busca de trabajo para
pagarle el tratamiento médico a su hijo, gravemente enfermo, sin embargo, fue detenido el 9 de marzo en la ciudad de
Tijuana, en la frontera norte de México
Hemos tenido conocimiento que luego de su
detención, a Colón se le ha violentado
el derecho al debido proceso, ha sido objeto de discriminación racial y de
torturas, dijo Herrera Cáceres
El funcionario se dirigió a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos de México, a la PGR y organismos civiles defensores de los
derechos humanos de ese país para que determinen la situación en la que se
encuentra Angel Colón y obtener la liberación del también defensor de los
derechos humanos.
“Queremos saber la situación en que se encuentra,
la etapa del proceso, el por qué de tanto retraso, por qué fue víctima de torturas, y por qué aún no es liberado”,
declaró.
Comentó que también está en contacto con la
cancillería hondureña y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para hacer
un solo bloque en defensa del hondureño que se encuentra detenido en México.
Un reporte de Amnistía Internacional indica que en
marzo del 2009 unos agentes de la policía mexicana hicieron una redada en la
casa donde un "coyote" local
había obligado a Ángel Amilcar Colón a quedarse antes de llevarlo al otro lado
de la frontera.
Al momento de su detención, Ángel Colón fue
golpeado por agentes de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, que lo
obligaron a caminar de rodillas, establece el documento.
Añade, que más tarde dijo a su abogado y al juez
que, durante las 16 horas siguientes, había sido sometido a torturas y otros
malos tratos por agentes de la policía estatal y federal y por miembros del
ejército.
Durante ese tiempo lo amenazaron, lo semiasfixiaron
y lo humillaron, entre otras cosas llamándole una y otra vez "pinche negro", establece el informe.
“Me pusieron a limpiar los zapatos de otros
detenidos con mi saliva, dar mi vestimenta a otros, realizar posturas militares
que no sabía cómo hacerlas, me insultaban, la cosa es que me convirtieron en el
payaso que divierte a su público", según su testimonio de la víctima.
Ángel Colón habría
sido obligado a firmar una declaración, misma que fue utilizada para acusarlo de delitos de
delincuencia común organizada.
Pese a que, cuando compareció ante un juez, se
retractó de esa declaración y denunció la tortura y otros malos tratos
sufridos, su declaración inicial se ha utilizado como prueba para procesarlo y
para recluirlo en espera de juicio en una prisión federal en Tepic, Estado
Nayarit.
Investigaciones de Amnistía Internacional revelan
que hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado
las torturas de las que fue objeto.
A principios del 2014, Ángel Colón fue examinado
por expertos internacionales independientes en medicina forense que concluyeron
que los indicios médicos de tortura coincidían con su denuncia.
Esta prueba se ha presentado a los tribunales, pero
la PGR se ha negado a retirar los cargos, según el documento.
Amnistía Internacional considera a Ángel Colón “preso
de conciencia”, ya que fue sometido a torturas y otros malos tratos a causa de
su origen afrodescendiente garífuna.
El organismo internacional de derechos humanos
señala que la tortura es una práctica generalmente utilizada por policías y
militares de México para obtener "confesiones" o
"información" de presuntos delincuentes o de personas detenidas
equivocadamente.
Una encuesta encargada recientemente por Amnistía
Internacional reveló que el 64 por ciento de las personas encuestadas
declararon tener miedo de sufrir torturas en caso de ser puestas bajo custodia.
El informe establece que cualquiera puede ser
víctima de tortura pero quienes corren más riesgo son los que migran desde Centroamérica,
sin visado y atravesando las zonas más peligrosas, en la ruta a Estados Unidos.
Decenas de miles de migrantes centroamericanos que
huyen de la violencia y de la situación económica y social que se vive en sus
respectivos países, emprenden cada año el peligroso viaje a través de México
para llegar a Estados Unidos.
Durante su viaje se enfrentan a ser víctimas de secuestros,
asesinatos, violaciones y palizas a manos de bandas criminales que, a menudo,
actúan en connivencia con la policía.
En
junio recién pasado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto
Herrera Cáceres y el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Raúl Plascencia firmaron
un convenio de colaboración y asistencia interinstucional encaminado a defender
los derechos humanos de los migrantes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario