Viernes 23 de mayo de 2014 – 11:30 AM
Un comité de la ONU concluyó hoy
que el Vaticano violó
la Convención contra la Tortura en los casos en que podía
haber impedido abusos sexuales y no lo hizo o cuando ni los investigó ni
denunció, una decisión que expone a la Iglesia Católica a nuevas demanas de
víctimas de curas pedófilos.
Luego de tres
semanas de estudio, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas falló que la
responsabilidad del Vaticano en los casos de pederastía no se limitan a su
territorio y abarcan
los abusos cometidos en terceros países,
siempre y cuando la Santa Sede “ejerza efectivo control” sobre el perpetrador.
La interpretación
del Vaticano de que carece de jurisdicción penal y de responsabilidad por los
delitos cometidos por sus sacerdotes en terceros países “no es congruente” con la Convención Internacional sobre
Prevención de la Tortura, de la que forma parte, concluyó el comité de
diez expertos.
“Nosotros no
decimos que el Vaticano es responsable de todas y cada una de las violaciones
cometidas por cualquier cura”, expresó en rueda de prensa la relatora del caso,
Felice Gaer.
“Pero sí decimos
que la Santa Sede ha violado la Convención en los casos en que fue informada de
abusos e ignoró las acusaciones, y eso, que nosotros sepamos, ha pasado al
menos unas cincuenta veces”, agregó.
El comité ya falló varias
veces que los casos de violación y abuso sexual pueden considerarse torturas,
un delito que en la mayor parte del mundo es imprescriptible.
“‘Efectivo control’
significa que el Vaticano supiera del caso, fuera informado y no actuara. O
fuera informado y ordenase trasladar al abusador en lugar de castigarlo”,
explicó Gaer.
Por primera vez
desde que firmó la Convención contra la Tortura, en 2002, el Vaticano se
sometió al escrutinio del Comité los pasados 5 y 6 de mayo.
En aquella ocasión,
su representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano
Tomasi, argumentó que, desde el punto de vista legal, la Convención sólo se
puede aplicar a lo que suceda en la Ciudad del Vaticano y a los funcionarios
que trabajan exclusivamente en su territorio.
El Comité no sólo
entendió que esta interpretación es errónea, sino que solicitó al Vaticano que
modifique su legislación para que se adapte a los principios del tratado.
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