Montevideo (AFP)
El Senado uruguayo debatía el martes un proyecto que
convertirá al país en el primero en legalizar la producción y venta de
marihuana, experimento que busca enfrentar el narcotráfico en la región qué más
sufre la lucha contra las drogas.
"La guerra contra las drogas ha fracasado",
aseguró al presentar el proyecto el senador Roberto Conde, de la coalición
gobernante de izquierda Frente Amplio, con mayoría parlamentaria que le asegura
la aprobación del polémico texto.
El plan uruguayo, que va más allá que las legislaciones de
los estados estadounidenses Washington y Colorado o de países como Holanda o
España, es una "respuesta ineludible" a este fracaso, consideró.
El legislador aseguró que entre otros aspectos el proyecto
busca solucionar la "grotesca incongruencia jurídica" que implica que
si bien el consumo de drogas no está penado en Uruguay, hasta ahora sí lo está
su producción y comercialización.
La iniciativa, que habilitará la producción, distribución y
venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo
control estatal, ha sido promovida por el presidente José Mujica, un
exguerrillero de 78 años quien no ha dudado en calificarla como un experimento
y dijo que si no funciona está dispuesto a dar marcha atrás.
"La duda es legítima, pero la duda no nos puede
paralizar para ensayar nuevos caminos ante un problema que nos tiene
agarrados", dijo Mujica este martes al canal 4 de televisión local.
"No estamos totalmente preparados", admitió el
presidente, llamando no obstante a tener "audacia".
Derribar estigmas
Instalado desde temprano en las barras del Senado, Hernán
Delgado dijo a la AFP que aunque el consumo de drogas está bastante
naturalizado en Uruguay, los consumidores suelen ser estigmatizados.
"La ley va a permitir reformular la visión que tiene la
sociedad de los usuarios de drogas", opinó Delgado, integrante de la
organización Regulación Responsable, que en los últimos meses lanzó varias
campañas en respaldo a la ley.
Mientras el debate parlamentario se extendía, cientos de
jóvenes convocados por la Coordinadora nacional por la regulación de la
marihuana se reunieron a media tarde en una plaza céntrica para marchar hacia
el parlamento bajo la consigna "Cultivando la libertad, Uruguay
crece".
Portando globos y hojas verdes con la inscripción
"Uruguay regula 2013", fumando cannabis y en un ambiente festivo, los
manifestantes iniciaron la que califican de "última marcha con la
marihuana ilegal".
El consumo de cannabis, que representa el 70% de las drogas
ilegales en Uruguay, se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las
autoridades hay unos 128.000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de
consumidores calculan que rondan los 200.000, en un país con una población de
3,3 millones de habitantes.
Según el texto en debate, los mayores de 18 años podrán
acceder a la droga mediante el autocultivo, clubes de consumidores o
comprándola en farmacias, en todos los casos con límites y previo registro ante
el Estado.
Riesgos para la salud
esde la oposición, que rechaza la iniciativa, se subrayan
las consecuencias que puede tener el proyecto sobre el consumo y la salud de la
población.
"Ni nuestro gobierno ni el resto del mundo debería
experimentar con los uruguayos", advirtió el senador Alfredo Solari, del
opositor Partido Colorado.
Desde el partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga
aseguró que buscará promover la derogación de la norma en el próximo gobierno,
a partir de 2015, mientras que Luis Alberto Heber consideró que creer que se
podrá evitar un mercado negro y el consumo de los menores "es de una gran
inocencia".
La iniciativa es también cuestionada por los químicos
farmacéuticos, que rechazan la idea de que la droga sea vendida en las
farmacias, y divide a los psiquiatras, enfrentando a quienes afirman que puede
abatir el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los
efectos nocivos del cannabis.
La ley sigue despertando además resistencia entre los
uruguayos: el 61% la desaprueba, según una encuesta de setiembre pasado.
Tampoco los consumidores son unánimes. Mientras muchos
celebran, otros cuestionan el hecho de tener que registrarse y los límites al
consumo que aplicará el Estado.
"No corresponde al Estado determinar cuánta marihuana
se puede consumir y de qué calidad", dijo recientemente a la AFP Alicia
Castilla, que estuvo en 2011 tres meses presa por tener plantas de marihuana en
su casa.
En una región donde la guerra contra las drogas ha dejado
decenas de miles de muertos, el proyecto es respaldado por expresidentes
latinoamericanos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, pero
es visto con preocupación por los países vecinos Argentina o Brasil.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE), que vigila la aplicación de los tratados sobre drogas, ha advertido que
el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada
por 186 países, incluido Uruguay.
La regulación del cannabis en Uruguay se suma a la
legalización en los últimos meses del aborto y el matrimonio homosexual, y a
una larga historia de leyes sociales liberales en el país.
Lejos del interés mundial que generó la iniciativa, a diez
cuadras del Parlamento, Juan Lopéz, de 19 años, se sorprende cuando se entera
de la votación.
"Está bueno que se pueda comprar más fácil, pero ni
loco me registro porque nunca sabés en qué puede terminar" ese dato,
confió de todas formas a la AFP.
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