Domingo 31 de mayo de 2015 – 09:50 PM
Guatemala - Tres grupos civiles de Guatemala
presentaron hoy acciones penales contra el presidente del país, Otto Pérez
Molina, por su presunta vinculación con un caso de corrupción desarticulado el
pasado 20 de mayo en el Seguro Social.
El grupo Cadenas por la Libertad, la Fundación
Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales de Guatemala acudieron
este domingo al juzgado de paz de Turno para presentar dichas solicitudes,
según informaron medios locales.
La acción tiene como objetivo que se investigue al
mandatario por su responsabilidad en la adjudicación de un millonario contrato
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con la droguería Pisa
para el tratamiento de enfermos con insuficiencia renal.
Por este caso, denominado IGSS-Pisa, fueron
arrestadas 17 personas el 20 de mayo por la supuesta adjudicación anómala en
noviembre de 2014 de un contrato del IGSS a la empresa farmacéutica Droguería
Pisa, por 15 millones de dólares.
El Ministerio Público (MP) también investiga por
esta causa la muerte de siete personas con insuficiencia renal desde enero
hasta la fecha, que supuestamente habrían sido víctimas del mal servicio de
Pisa, según dos denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Los fiscales del Ministerio Público y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) divulgaron como
evidencia en contra de los detenidos algunas grabaciones de escuchas
telefónicas.
En ellas, el trabajador de Droguería Pisa Rodolfo
García-Granados Reyes le reclama a un hombre no identificado el por qué del
fracaso de otro contrato que, en un principio, creían tener arreglado.
"Ojo porque ni siquiera fue con JD
verdad", se excusa el desconocido, haciendo referencia a dos iniciales
que, según señalan medios locales, podría hacer referencia al nombre del
presidente del IGSS o a su junta directiva.
El Tribunal también escuchó una conversación entre
García-Granados y Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la
Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, en la que supuestamente acuerdan
entre un 15 % y un 16 % de comisión por la adjudicación del contrato de 15
millones de dólares.
Molina Stalling, también capturado y que ejerció
como exasesor del IGSS, supuestamente queda en evidencia en una escucha
telefónica de noviembre pasado donde una voz femenina no identificada le dice
"deja de andar haciendo negocios con ese tu teléfono".
El presidente del Banco de Guatemala y también implicado
en la trama, Julio Suárez Guerra, se defendió de las acusaciones al argumentar
que no le correspondía administrativamente verificar la contratación de Pisa.
El escándalo de corrupción en el Seguro Social es el
segundo que descubre el MP y la CICIG en los últimos 45 días, después de
desarticular el pasado 16 de abril una supuesta red de contrabando y
defraudación aduanera que provocó el 8 de mayo la renuncia de Roxana Baldetti a
la Vicepresidencia del país.
Durante la audiencia de la primera declaración, el
MP también reveló otras escuchas en las que se habla de que "la decisión
-de suscribir el contrato con Pisa- fue de una distinguida dama". EFE