Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
25/08/2017
El próximo 26 de noviembre de 2017 se celebrarán en
Honduras elecciones en las que se elegirá Presidente, Congreso Nacional y
gobiernos locales. Los comicios, que se celebrarán en un contexto de alta
polarización política y social, podrían generar un aumento de las tensiones al
interior de la sociedad hondureña, debido a las dudas que existen sobre su
transparencia, y a que el actual presidente de la República, Juan Orlando
Hernández, se está presentando nuevamente como candidato presidencial de su
partido, en violación flagrante de lo establecido en la Constitución. Pero para
comprender que es lo que está ocurriendo en Honduras, es necesario realizar un
análisis retrospectivo de la situación.
Desde principios del siglo XX, el sistema político
hondureño se distinguió por su carácter bipartidista: por más de 100 años
gobernaron alternativamente el Partido Liberal o el Partido Nacional. Durante
este período, este sistema político se convirtió en uno de los más corruptos
del planeta, llegando Honduras a ser calificada despectivamente como república
bananera, debido al poder corruptor que las compañías bananeras extranjeras
ejercían sobre ambos partidos. La llegada del dinero del narcotráfico en los
años setenta, vino a corromper todavía más el ambiente político, y conllevó la
consolidación de fuertes vínculos entre sectores de las élites políticas,
castrenses y empresariales con los grandes cárteles de la droga a nivel
nacional e internacional.
En este contexto, los partidos liberal y nacional
fueron configurando un sistema clientelar que les permitió instrumentalizar las
instituciones públicas en su favor. De esta forma, ambos partidos lograron
utilizar los recursos del Estado para financiar sus campañas políticas y
crearon una red de colaboradores remunerados (en la mayor parte de los casos
con dinero público) dedicados a movilizar a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad hondureña, mediante engaños, pequeños regalos o pura y simple
intimidación para que votasen en favor de los candidatos de sus partidos en las
elecciones. Entre las funciones de estos activistas también se contaba con la
realización de fraudes mediante introducción de votos en las urnas, la
provocación de actos de violencia en las jornadas electorales y todo tipo de
artimañas dirigidas a favorecer al partido al que pertenecían. En la
actualidad, estas redes clientelares siguen existiendo en Honduras, aunque su
forma de actuar se ha perfeccionado con los años.
Este sistema bipartidista clientelar mostró una gran
fortaleza durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, el golpe de
Estado cívico-militar del 28 de junio de 2009, ejecutado contra el gobierno
liberal de Manuel Zelaya Rosales supuso el inicio de su declive. En las
elecciones que se celebraron a finales de ese año salió triunfante el Partido
Nacional, fortalecido ante la implosión de su rival tradicional, el Partido
Liberal, definitivamente fracturado. Los cuatro años del gobierno del
nacionalista Pepe Lobo estuvieron marcados por la corrupción,
el empeoramiento
de todos los indicadores sociales y económicos, por el incremento de la
violencia (en 2012 Honduras llegó a tener la tasa
de homicidios más alta del mundo) y la fuerte presencia del crimen organizado
en el país (según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2012, en
esa fecha el 79% de
los vuelos que transportaban cocaína de Suramérica a Estados Unidos hacia
escala en Honduras).
En noviembre de 2013 se celebró otro proceso
electoral, en el que nuevas fuerzas políticas por primera vez iban a disputar
el poder a los dos partidos tradicionales. Tras los resultados ofrecidos por el
TSE, en las que se dio por vencedor a Juan Orlando Hernández (JOH) y al Partido
Nacional, surgieron numerosas denuncias de fraude electoral. Las dudas sobre la
legalidad del proceso provenían principalmente de dos nuevos partidos
políticos: Libertad y Refundación (LIBRE), y el Partido Anticorrupción (PAC).
Ambos movimientos políticos nacieron como consecuencia del rechazo de la
sociedad hondureña al golpe de Estado de 2009 y a la corrupción. Mientras LIBRE
representa a sectores populares y maneja un discurso izquierdista, el PAC
sedujo a una parte de las clases medias urbanas, cansadas de la corrupción y el
abuso de poder, mediante un discurso de regeneración política.
Los resultados oficiales de la contienda electoral de
2013 posicionaron a LIBRE como el principal partido de la oposición con el
28.78% de los votos (superando ampliamente el 20.30% obtenido por el Partido
Liberal). El PAC fue el cuarto partido más votado. Sin embargo, estos
resultados no fueron aceptados por los partidos de oposición, que denunciaron
la existencia de fraude, facilitado por su falta de representación en las
instituciones garantes del proceso electoral, principalmente en el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP),
controlados por el bipartidismo. El gobierno justificó la falta de
representación de LIBRE y PAC en ambas instituciones en el hecho de que se
trataba de partidos sin presencia en el Congreso Nacional, por ser la primera
vez que participaban en unas elecciones. Este agravio a los partidos de
oposición, injustificable en una sociedad democrática, fue perpetuado más allá
de 2013. Mediante una maniobra inédita y antes de la toma de posesión del nuevo
Congreso Nacional elegido en 2013, el congreso saliente, dominado por el
bipartidismo, nombró
en su última sesión en abril de 2014 nuevas autoridades del TSE y el RNP con 5
meses de antelación al plazo previsto y para un periodo de 5 años, dejando
sin representación en estas instituciones a LIBRE y PAC para los siguientes 5
años.
La fuerte irrupción de nuevas fuerzas políticas en
2013 llevó al Partido Nacional y al Partido Liberal a reforzar su vieja alianza
para tratar de salvar el sistema bipartidista. En este contexto, un Juan
Orlando Hernandez fortalecido logró el apoyo clave del Partido Liberal para
nombrar una Corte Suprema de Justicia a su medida, que a su vez le ha permitido
optar a la reelección, violentando de manera evidente la constitución
hondureña. Asimismo, durante estos cuatro años las bancadas de los partidos
LIBRE y PAC en el Congreso Nacional han ido sufriendo importantes bajas de
diputados (9 de los 37 diputados de libre y 4 de los 13 diputados del PAC), que
han pasado a apoyar los proyectos del gobernante Partido Nacional en contra de
la disciplina de sus respectivos partidos. La culminación de una legislatura
plagada de autoritarismo, corrupción y opacidad ha venido con la destrucción
del PAC, urdida en coordinación entre las autoridades del TSE y la diputada
tránsfuga Marlene Alvarenga.
Mediante una maniobra de carácter “legal” y
tras un conflicto entre los líderes del PAC y el TSE por la celebración de las
elecciones primarias del partido a principios de 2017, la diputada Alvarenga,
que ya había votado en contra de la disciplina de partido en varios proyectos
clave del gobierno de JOH, logró hacerse con el control del PAC, realizando
un proceso
de elecciones primarias con bajísima participación y en las que se presentó
solo ella. Frente a este contexto, los dos nuevos partidos opositores
(LIBRE y PAC) han decidido unir sus fuerzas junto con otro pequeño partido
(PINU) mediante la creación de la denominada “Alianza Opositora contra la
Dictadura”.
El riesgo de confrontación social tras las elecciones
de noviembre es una posibilidad nada desdeñable en Honduras. Para alimentar la
polarización existente en el país y las dudas sobre la fiabilidad de las
elecciones se dan múltiples circunstancias entre las que se destacan las
siguientes:
Cultura de opacidad del actual gobierno:
La forma más segura de hacer un fraude sin ser
descubierto es no ser transparente. Y eso es lo que hace el gobierno hondureño.
Para ello cuenta con instrumentos legales, como la Ley de Secretos, mediante la
cual puede reservar información al público de cuantas instituciones decida el
presidente (16 en
la actualidad, entre la que se encuentra el Registro Nacional de las Personas,
clave para garantizar la transparencia de las elecciones). La aplicación de
esta ley no solo podría facilitar potencialmente la alteración del censo
electoral elaborado por el RNP, si no que podría ser utilizada para desviar
fondos para financiar la campaña de reelección o para la compra de votos. En la
actualidad existen además varios
fideicomisos en Honduras que el gobierno maneja de manera opaca. Entre
ellos destaca el de la tasa de seguridad, que administra un impuesto creado por
el actual gobierno supuestamente para luchar contra la delincuencia a través de
estrategias represivas y que maneja fondos anuales superiores a los 100
millones de USD, cuenta
con capacidad de endeudarse y cuyo manejo ya ha sido altamente
cuestionado. Entre las denuncias generadas alrededor de la tasa de
seguridad destaca la de un periódico hondureño que asegura que mediante este
fondo se contrató a un equipo italiano de hackers que diseñaron un sistema
para espiar a la oposición.
Falta de independencia de organismos fiscalizadores de
elecciones:
El nombramiento de las autoridades de TSE y RNP,
excluyendo a los principales partidos de la oposición al bipartidismo, es una
clara muestra de la falta de independencia de estas instituciones. En las
denuncias por el manejo partidista del RNP se menciona que esta institución
podría estar facilitando varias formas de fraude electoral. Se ha denunciado
por ejemplo el traslado de votantes de un municipio a otro a través de la
emisión masiva de cédulas por parte del RNP. De ser ciertas estas denuncias,
estas cédulas podrían estar siendo utilizadas para facilitar que activistas de
los partidos políticos voten en lugar de personas fallecidas o que no residen
en el país. En las últimas semanas, activistas
opositores se han tomado varias de las sedes del RNP en el país para
denunciar este tipo de maniobras.
A través de la utilización fraudulenta de cédulas se
podría realizar un fraude de grandes proporciones, especialmente debido a las
dudas sobre la fiabilidad del censo electoral manejado por el RNP y el TSE.
Según el informe
final sobre las elecciones generales de 2013 elaborado por la Misión
de Observación electoral de la Unión Europea, hace 4 años este censo contenía
“alrededor de un 30% de las entradas” correspondientes a fallecidos o
emigrantes. Si las inconsistencias en el censo de 2013 nunca fueron depuradas,
genera todavía mayores suspicacias el hecho de que el censo para estas próximas
elecciones (2017) incluya a más de 1,000,000 de nuevos votantes (6.5 millones
en total), suponiendo un aumento del 21.37% con respecto a 2013. Este aumento
tan brusco no encaja con los aumentos observados en el censo en los anteriores
procesos electorales de 2013 (16.13%), 2009 (15.78%) y 2005 (15.85%).
Tráfico de credenciales y posibilidad de duplicación
del voto
Otro tema que genera preocupación está relacionado con
el tráfico de credenciales electorales. Estas son entregadas a representantes
de los partidos políticos, con la idea de garantizar que todos los partidos que
se presentan a las elecciones tengan dos representantes en cada una de las más
de 16,000 mesas electorales receptoras (MER) del país. El problema es que el
TSE entrega a cada partido dos credenciales por cada MER, pero las credenciales
van sin nombre. Solo llevan escrito el partido al que están vinculadas. Por dar
un ejemplo, el partido FAPER recibirá más de 32,000 credenciales electorales
sin nombre, una cantidad mucho mayor al número de votos que recibió en las
elecciones de 2013 (3,117 para ser exactos). Lo mismo ocurre con otros partidos
como Unificación Democrática (UD), Vamos, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana
(DC) y el PAC de Marlene Alvarenga. Esta forma de entrega de credencias
facilitaría que estos pequeños partidos se lucren vendiendo estas credenciales
al mejor postor, o simplemente se las entreguen al Partido Nacional, que ha
sabido realizar múltiples alianzas con ellos.
Como prueba de la sumisión y dependencia de estos
pequeños partidos al Partido Nacional, basta mencionar que el anterior
candidato presidencial de FAPER es el actual Embajador
de Honduras en Cuba, o que la DC y
la UD han
formado parte activa del gobierno de Juan Orlando Hernández. A lo que ocurrió
con el PAC de Marlene Alvarenga ya nos referimos anteriormente. El nuevo
partido Vamos está formado por un antiguo
líder de la DC y diputados expulsados de LIBRE por votar en favor de
los proyectos de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional.
Y el partido
Alianza Patriótica es un pequeño grupúsculo de extrema derecha que fue en su
momento disuelto (junto
al FAPER) por el TSE por no haber obtenido el número mínimo de votos que exige
la ley para seguir existiendo, y que fue convenientemente resucitado
por la CSJ controlada por el actual gobierno para poder presentarse a
las elecciones de 2017. Todo esto parece indicar que, en caso de conflicto
durante el escrutinio en las mesas electorales, el Partido Nacional contará con
mayoría de afines y podrá imponer su criterio (las decisiones se toman por
mayoría).
Existe un elemento extra con relación a estas
credenciales. Los poseedores de las mismas (2 por partido y mesa y cuyo nombre
se podrá escribir a mano en la credencial el mismo día de las elecciones)
tienen derecho a votar en la mesa electoral en la que estén ubicados. Lo que
ocurre es que esto posibilitaría que dichos representantes puedan votar dos
veces: en la mesa en la que están ubicados como representante de partidos, y en
la que les corresponde domiciliariamente. El hecho de que se vayan a entregar
más de 320,000 credenciales de este tipo podría provocar un fraude de tamaño
considerable. Este podría evitar de manera sencilla, obligando a los partidos a
presentar el listado de personas que van a recibir las credenciales para que el
TSE proceda a sacar a estas personas del censo, evitando que puedan votar dos
veces. El Partido Nacional se ha negado a ello, y ha pretendido dar por zanjado
el problema entregando el listado de sus propios representantes, pero no
exigiendo a los pequeños partidos que hagan lo mismo.
Otros problemas
A los problemas citados anteriormente se suman otros,
como la compra directa de voto, documentada por el Centro de Documentación de
Honduras (CEDOH y el Instituto Nacional Demócrata, a través de un estudio,
que lanzó datos tan reveladores como que un 49% de los entrevistados aseguró
haber sido testigo de compra de votos durante los comicios de 2013. En el mismo
informe se especifica que por sus consolidadas estructuras clientelares, esta
modalidad de fraude es fundamentalmente cometida por el Partido Nacional y el
Partido Liberal.
Otros problemas tienen que ver con la financiación
ilegal de campañas, ya sea con dinero del narcotráfico o público (desfalco
del IHSS); la utilización de hackerspara
manipular campañas electorales; o la utilización de normativas para
someter a los medios de comunicación a los interés del gobierno. La prácticamente
inexistente judicialización de casos de delitos electorales favorece sin duda
que se puedan cometer fraudes de grandes proporciones.
Falta de voluntad de implementar reformas electorales
Seria relativamente sencillo implementar diversas
reformas electorales para evitar algunos de estos riesgos de fraude. La Alianza
Opositora y el Partido Liberal vienen planteando varias medidas que el Partido
Nacional se niega a llevar adelante. Entre ellas destaca la utilización de
lectores de huellas dactilares en los centros de votación para evitar la
utilización fraudulenta de cedulas de identidad, obligar al TSE a entregar
credenciales a los partidos, solo si presentan un listado con el nombre de
estos, la inclusión de representantes de los principales partidos en las
directivas del RNP y el TSE; la no contratación de la empresa MAPA Consultores
para realizar el recuento de votos por sus vínculos directos con el Partido
Nacional, o la prohibición de realizar cambios de domicilio a efectos
electorales durante el año anterior a un proceso electoral, entre otras.
Las posibilidades de que acontezca un gran fraude
electoral son palpables. En este contexto, la Unión Europea ya manifestó sus
dudas acerca de enviar una misión de observación electoral para estos comicios,
lo cual supone un riesgo adicional para la fiabilidad de los resultados. En la
actualidad se están realizando esfuerzos para lograr evitar o reducir el fraude
lo más posible. Desde sociedad civil se ha creado la plataforma Observación
26-N, que trata de unificar esfuerzos independientes.
Desde la Alianza
Opositora se ha organizado además la denominada “Operación Antifraude”, en el
marco de la cual se espera evitar que voten personas fallecidas o ausentes.
Sin embargo, la escasez de medios materiales de estas
iniciativas y la total falta de implementación de reformas electorales no
garantiza la transparencia de las elecciones.
Es por estas razones que resulta
imprescindible que que tanto la sociedad hondureña como la comunidad
internacional presionen de manera efectiva al gobierno hondureño para que
apruebe a tiempo reformas legales que garanticen que este proceso electoral sea
lo más limpio y transparente posible.
De otra forma nada garantiza que las
elecciones que se celebren en noviembre desemboquen en una nueva crisis
política con consecuencias profundamente negativas para Honduras.