Miércoles 25 de marzo de 2015 - 03:00 PM
GUATEMALA (AP) — La oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el miércoles a Guatemala por
el retraso del juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt por delitos de
genocidio, así como el aumento de la militarización en el país.
Alberto Brunori, represente del Alto Comisionado en
el país, dijo que pese a los avances en algunos casos del conflicto armado
interno de Guatemala (1960-1996), en el país aún continúa sin abrirse juicio a
Ríos Montt.
"El Alto Comisionado reitera que la obligación
de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo y que, por lo
tanto, todo acto en su contra se considera nulo", dijo Brunori, tras hacer
público su informe de labores del 2014.
Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80
años de prisión por la matanza de 1.771 indígenas ixiles, perpetrada por
soldados bajo su mando. Sin embargo la sentencia fue anulada 10 días después
por la Corte de Constitucionalidad aduciendo faltas de garantías en el juicio.
Los defensores del ex dictador han argumentado desde
el inicio que está protegido por una amnistía declarada tras el fin del
conflicto. Sin embargo, Brunori explicó que la Corte de Constitucionalidad
determinó en una resolución que "no es aplicable la extinción de
responsabilidad penal por prescripción ni por obediencia debida, y que los
Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno que impidan el
juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos".
Tras la anulación del juicio a Ríos Montt, se
programó un segundo juicio para el 5 de enero de este año, pero los defensores
del general solicitaron la salida de una de las juezas que lo juzgaría por
supuesta imparcialidad, lo que mantiene el caso detenido.
Ríos Montt llegó al poder a través de un golpe de
estado el 23 de marzo de 1982 y se mantuvo hasta el 8 de agosto 1983, época que
según un informe de la ONU sobre la verdad histórica, fue la más cruenta de la
guerra, que dejó por lo menos 245.000 muertos y desaparecidos.
La Oficina también criticó el aumento del personal
militar en la seguridad ciudadana en el país centroamericano y su inclusión en
patrullajes conjuntos que realiza policía y ejército en todo el país. Brunori
dijo que según cifras oficiales, 85,4% de las casi 6.000 muertes violentas del
año pasado ocurrieron con armas de fuego, un aumento de 4,3% comparado con
2013.
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