Miércoles
25 de marzo de 2015 – 03:10 PM
Tegucigalpa
Honduras - La Fiscalía Especial del Consumidor, junto a otras entidades del
gobierno, inició esta semana una serie de operativos en diferentes
establecimientos comerciales, supermercados, mercados, empresas de trasporte y
gasolineras de la capital, con el fin de verificar que los productos y
servicios ofrecidos al público sean de calidad y a los precios ya establecidos
por la Dirección de Protección al Consumidor.
En
ese sentido, la Fiscal Especial del Consumidor, Sara Sagastume, explicó en
conferencia de prensa que mediante estos operativos de Semana Santa se
revisará la condición y el buen estado de los productos, especialmente, los de
temporada, como: mariscos, productos enlatados y otros.
“Estamos
realizando operativos en mercados, supermercados, centros comerciales,
gasolineras, empresas de transporte y todas aquellas que ofrezcan ofertas en
productos y servicios en esta temporada previa y durante la Semana Santa”,
manifestó.
Aseguró
que con esta iniciativa se verificará el tema de publicidad engañosa o
prohibida, así como se refirió al monitoreo de precios en los mercados, las
inspecciones en las empresas de transporte terrestre y el cumplimiento de los
precios vista y los descuentos de la tercera edad.
La
fiscal especial anunció además, que se harán inspecciones y revisiones en
balnearios y en centros turísticos, para evitar que se estén ofreciendo
productos vencidos y que no se apliquen cobros indebidos o tratos indignos al
consumidor.
Respecto
a las inspecciones en gasolineras sostuvo que se están verificando las bombas
de combustible a raíz de denuncias que la Dirección del Consumidor tiene
registradas.
“Estamos
verificando la calidad y cantidad de combustible y que haya el servicio de agua
y aire en las estaciones gasolineras”, añadió.
Asimismo,
la funcionaria aseveró que visitarán varias empresas que están siendo
denunciadas por no tener cajas especiales para atender personas adultas mayores
y mujeres embarazadas o que no prestan asistencia especial como sillas de
ruedas y ramplas, tal y como lo establece la ley.
“El
obviar estos servicios tiene como consecuencia penalizaciones que consisten en
multas que la impone la Dirección de Protección al Consumidor y que van desde
un salario mínimo a 10 mil salarios mínimos”, advirtió.
Por
otra parte, Sagastume sostuvo que por parte del Ministerio Público se vigilará
que no exista alza a los precios de los productos que gozan de la
estabilización de precios fijada por el Estado.
“De
comprobar que no se de cumplimiento a la ley, los encargados de todos estos
establecimientos incurrirán en el delito de Agiotaje, que tiene una pena
de uno a tres años de reclusión”, sentenció.
En
estos operativos acompañan a la Fiscalía, la Dirección de Protección al
Consumidor, la Secretaria de Salud Pública, la Dirección General de Protección
al Adulto Mayor (DIGAM), el Comisionado Permanente de Contingencias (COPECO),
la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y la Policía
Preventiva.
.jpg)
